Anoche tuvo lugar una reunión entre ayuntamientos, cooperativas, sindicatos y Denominación de Origen de Uva Embolsada del Vinalopó para aunar posiciones en torno a acciones de reivindicación del sector de la uva de mesa y ser una sola voz en la defensa del sector ante el Gobierno central y la Consellería.

Anoche se dieron cita todos los agentes sociales implicados en el sector de la uva de mesa en Monforte del Cid para plantear una estrategia común en el que debatieron los principales problemas que sufre el cultivo de la uva de mesa.

Todos ellos coincidieron en que lo más perentorio es tratar de regular el asunto del Agroseguro, con tres líneas de actuación fundamentales: contrarrestar la subida prevista para 2020, un módulo independiente para el pedrisco y la irrenunciable demanda de la cobertura de la podredumbre, cosa que con el cambio climático, por una razón u otra se viene produciendo casi todos los años.

También se habló de forma muy recurrente de la unidad de acción política , sindical y cooperativista. De forma unánime todos la pidieron de un modo constructivo y se habló de tomar medidas a corto, medio y largo plazo, incluyendo un estudio de las repercusiones socioeconómicas y el gran impacto que tendría un probable abandono progresivo de los cultivos por la falta de rentabilidad y, en consecuencia, la ausencia de un relevo generacional que garantizara la continuidad del cultivo de nuestra uva.

El precio mínimo: el ejemplo del modelo francés

El Gobierno francés aprobó la ley de reforma del sector agroalimentario con el que persigue remunerar “mejor” a los agricultores y combatir “las ofertas abusivas” de las grandes superficies. Algo así se espera del Gobierno Central para la defensa de los productores españoles.

El Ejecutivo francés lanzó otras medidas de reforma del sector, uno de los principales de la economía francesa, como la reducción de los productos químicos en los cultivos y la inclusión de un 50% de productos biológicos en hospitales y comedores escolares.

“Para asegurar un mejor reparto del valor creado por los sectores agrícolas y agroalimentarios entre todos los actores de la cadena de producción, el proyecto de ley modifica cómo se remunera a los productores, teniendo en cuenta sus costes de producción efectivos”, explicó el Gobierno en una nota difundida al término del Consejo de Ministros.

Por ello, “a partir de ahora” será quien vende -normalmente el productor agrícola- el que fije el precio, y no al contrario. El sector de los productores ha denunciado en varias ocasiones que las grandes cadenas de distribución ofrecen precios demasiado bajos por sus productos.

El Ejecutivo recordó que los 400.000 productores del país tienen actualmente “un poder de negociación muy limitado” frente a los 15.000 del sector transformador y “un sector de la distribución todavía muy concentrado y desafiado por el auge del comercio por internet”.

Con esta nueva norma, “las organizaciones de productores se reforzarán para reequilibrar las negociaciones comerciales”.

Agroseguro, el monopolio estatal que debería ser un derecho accesible al agricultor

Agroseguro, según su propia web se encarga de la gestión de los seguros agrarios por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras que forman parte del pool de coaseguro. No es, por tanto, una entidad aseguradora, sino una entidad de gestión.

Sin embargo la gestión de dicho consorcio de aseguradoras y reaseguradoras se realiza a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA); presidida por su órgano máximo de decisión de la Entidad es la Comisión General, la cual tiene un carácter paritario en lo que se refiere a los representantes del sector agrario y de la Administración General del Estado. Recientemente se han incorporado a esta Comisión, como miembros de pleno derecho, representantes de las Comunidades Autónomas y de la Agrupación de Entidades Aseguradoras.

Los representantes del sector estiman que estas entidades han intentado desde 2018 mercantilizar lo que debería ser un derecho inalienable de los agricultores españoles, ya que depende del Estado. En este sentido Agroseguro no debería ser una empresa más, sino una herramienta de ayuda al sector de la agricultura sin ningún ánimo de lucro.

Por ello aluden a que desde 2019, año en que se han incrementado los seguros un 15% y en 2020 en el que el Gobierno prevé otro de en torno al 10%, supondrá un paso más a la desaparición del sector, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores. En este sentido cabe destacar que la contratación del seguro agrario ya se ha visto mermada este año en un 25%, y las previsiones no son mejores para 2020 dada la subida prevista.