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El pasado día 7 de junio la sala nº3 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, confirmaba la fatídica sentencia que puede dejar a Monforte del Cid en una situación económica todavía más delicada.

Cuando el Ayuntamiento de Monforte del Cid ya estaba comenzando a alzar el vuelo económicamente, un nuevo varapalo judicial procedente de SEPES nos devuelve a la realidad de los años más oscuros. En diciembre de 2016 el tribunal se pronunciaba acerca de la ejecución de la sentencia que obligaba al Consistorio a pagar 10,6 millones de euros en concepto de indemnización a SEPES.

Antecedentes de la sentencia

Recordemos que tras tres sentencias en contra, el propio juzgado acumuló las tres causas en una, declarando la nulidad de la adjudicación del Plan Parcial (dictada en el PO 128/2007), la resolución unilateral del convenio de colaboración con SEPES (dictada en el PO 346/2008), y la anulación del Proyecto de Reparcelación del ámbito concernido (dictada en el PO 346/2008).

Esta indemnización viene motivada en la propia sentencia.

«Para calcular la indemnización sustitutoria, la Abogacía del Estado ha tenido en cuenta los siguientes conceptos:

-Pérdida del suelo de origen aportado a la actuación, un total de 970.640,18 m².

-Premio de afección calculados sobre la pérdida soportada.

-Indemnización por la privación de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización.

-Indemnización por la iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización.»

La sentencia es especialmente dura con la gestión del gobierno del PP

El juez señala que, a pesar de las sentencias que pesaban sobre el sector de Walaig, el ayuntamiento abundó en su trámite hasta el punto que «(…)La situación jurídica creada se agrava por cuanto el Ayuntamiento, haciendo caso omiso de las sentencias que habían sido dictadas por este Juzgado, aprobó en fecha 6 de marzo de 2008 el Proyecto de Reparcelación de la UE-1. (…) Pese a tener conocimiento de la existencia de que las sentencias dictadas en primera instancia podrían ser confirmadas en apelación por el TSJ, la codemandada INTERSA LEVANTE, S.A. hipotecó 91 de las 115 parcelas; y enajenó otras 11 a terceros adquirentes. (…)».

Ante esta tesitura, la sentencia afirma contundentemente que «(…)La consecuencia de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid supone que el desarrollo urbanístico de la Actuación es en la actualidad totalmente inviable; tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista jurídico, urbanístico y económico(…).

Fallo final (copia literal)

» En definitiva, van a ser objeto de acogimiento las siguientes partidas indemnizarles a favor de SEPES:

1ª) pérdida del suelo de origen aportado a la actuación, (970.640,18 m²) valorado en 7.698.178,31 euros.

2ª) indemnización por la privación de la facultad de participar en actuaciones de nuevo urbanización: 1.694.024,53 euros.

3ª) indemnización por la iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización, en cuantía de 1.296.989,38 euros. La suma de estas 3 partidas indemnizarles hacen un total (s.e.u.o) 10.689.192,20 euros, cantidad que es la que se lleva la parte dispositiva de esta resolución.»

María Dolores Berenguer: «El PP debería seguir, como mínimo, los 12 años que ha gobernado, en la oposición. No podemos permitir que vuelvan a saquearnos».

Preguntada la alcaldesa y concejala de hacienda, María Dolores Berenguer, por el impacto de la sentencia en el quehacer diario del Ayuntamiento, nos ha dicho que dicha sentencia «ha caído como un jarro de agua fría. Hay mucho esfuerzo detrás de lo que se ve por reflotar este ayuntamiento, pero con este lastre más los que tienen que venir, será aún más complicado.

Hablo en nombre de todo el Gobierno (IU, PSOE, No Adscritos), que esto nos une más que nunca. Hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, no hemos pedido ni un céntimo a los bancos, hemos pasado toda la legislatura pagando las barbaridades del Partido Popular, y lo que nos queda. El PP debería seguir, como mínimo, los 12 años que ha gobernado, en la oposición. No podemos permitir que los que crearon este monstruosa deuda, vuelvan a dirigir los destinos de Monforte para saquearnos».

¿Qué vías están abiertas?

Las posibles vías de recurso se encuentran en la interposición de apelación al Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana y en su caso, posteriormente al Tribunal Supremo. El Ayuntamiento tiene hasta el día 12 de julio para presentar dicha apelación al TSJCV, en cuya tarea están volcados los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

 

 

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