Han comparecido en los juzgados de Novelda la actual alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, y su predecesora, Antonia Cervera, aunque por motivos bien distintos.

En el caso de Berenguer, ha acudido a la cita con la jueza acompañada del co-demandado y Concejal de Personal, Vicente García. El motivo de sus declaraciones es una querella interpuesta por Santiago de Munck contra ambos por un presunto acoso laboral. Un acoso que según ha reiterado en muchas ocasiones, lleva sufriendo desde hace años.El que fuera, Secretario, Técnico de la Administración General y Gerente de Servicios Municipales, fue una de las personas que más poder acumuló durante la etapa de Antonia Cervera, en sus doce años como alcaldesa.

Por otro lado, los demandados sostienen que es más bien al contrario, al menos por las redes sociales, con abundantes publicaciones en las redes sociales y muchas de ellas muy subidas de tono. Cabe reseñar que ningún miembro del equipo de gobierno respondió jamás a este tipo de provocaciones.

No contento con sus declaraciones públicas, y debido a su abultada pérdida de control sobre todo lo que antes dominaba, cambió de estrategia, intentando imputar a varios miembros del Gobierno Municipal con la posible intención subyacente de que no pudieran presentarse a las próximas elecciones.

Fue entonces cuando presentó una querella de acoso casualmente el día 27 de diciembre pasado, justo un día antes del pleno del 28 de diciembre de 2017 en el que se acordaba el inicio de acciones judiciales contra su persona, y contra los acuerdos y resoluciones de conformidad con el Dictamen emitido por el Sr. Secretario Acctal. (Vicesecretario) del Ayuntamiento de Monforte del Cid de fecha 21 de diciembre de 2017 y el informe jurídico emitido por la consultora externa “ACONSELA, S.L.”, de los que se deduce la posible existencia de varios hechos que pudieran ser constitutivos de delito, conforme a lo establecido en el Código Penal, en el ejercicio de su actividad en el ayuntamiento desde 2003.

Antonia Cervera y Santiago de Munck han acudido como investigados por presuntos delitos contra la administración pública

Por otro motivo muy distinto, antes de las declaraciones de los dos componentes del actual Consistorio monfortino, han declarado la ex-alcaldesa y el ex-secretario.

El destino ha querido que coincidan las declaraciones de los cuatro hoy, y no sólo eso, es la misma jueza la que decidirá si sigue con los procedimientos o no. De todas formas, el motivo por el que declararán tanto Cervera como de Munck, es una querella criminal presentada hace un par de meses en el Juzgado de lo Penal de Novelda.

En ella se acusa a ambos de múltiples y graves delitos, atribuyéndoles algunos tales como: falsificación de documentos públicos u oficiales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho y usurpación de funciones.

En esta ocasión tendrán que declarar ante la jueza y responder por estas graves acusaciones que, en el caso de que fueran imputados, supondrían un mazazo para el Partido Popular local, que se suma a su complicado escenario autonómico y nacional por la reciente sentencia de la trama Gürtel, en el que han resultado condenados a título lucrativo como partido, la detención el pasado martes del que fuera Presidente de la Generalitat Valenciana y Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana y la moción de censura a la que se enfrenta Mariano Rajoy.

Hasta el momento el PP local ha guardado silencio, pero la incógnita queda ahí ya que, dependiendo del resultado de las declaraciones, juntamente con la posibilidad de que sean imputados por estos graves delitos, el mensaje sería, como mínimo, muy comprometido a menos de un año vista de los comicios municipales, ya sus posibilidades como fuerza política quedarían muy mermadas.

Lo cierto es que en todos los Plenos en los que se ha acometido algún punto relativo a la situación de Santiago de Munck, su voto ha sido en contra y últimamente optaron por una prudente abstención. En todos, menos en uno, el de noviembre de 2015 en el que se le subía de nivel  funcionarial de 22 a 30 cosa que, por cierto, la propia Subdelegación del Gobierno acabó tumbando.